En el marco de la causa que investiga presuntas estafas vinculadas a Branka Motors, el Ministerio Público Fiscal informó que los imputados presentaron una propuesta de reparación económica para los denunciantes, la cual fue aceptada por la mayoría de las personas afectadas.
La iniciativa fue presentada por los hermanos Jonathan y Alexis Marcó junto a su socio Facundo Benega, a través de su abogado José Tejada. El ofrecimiento contempla reintegrar la totalidad del dinero que se estima como perjuicio económico, que alcanza los 540 millones de pesos. De esa cifra, 509 millones corresponden al capital y 31 millones a intereses, destinados a un total de 357 damnificados.
Según detallaron desde Fiscalía, en una primera instancia 347 denunciantes dieron su conformidad al acuerdo. Posteriormente, durante el transcurso de la semana, otras nueve personas se sumaron a la propuesta, consolidando así un respaldo mayoritario al planteo.
El esquema presentado prevé un plan de pago con un plazo de 120 días, dividido en cinco cuotas. La primera de ellas se abonaría 15 días después de que el acuerdo reciba la eventual homologación judicial.
Además, el ofrecimiento incluye garantías respaldadas con bienes muebles e inmuebles pertenecientes a los imputados, con el objetivo de asegurar el cumplimiento del compromiso económico asumido.
Desde el Ministerio Público Fiscal aclararon que esta reparación integral corresponde únicamente al proceso penal en curso, por lo que no impide que los damnificados puedan iniciar acciones civiles si así lo consideran.
Intentos anteriores sin acuerdo
Cabe recordar que anteriormente los acusados habían presentado dos propuestas de reparación económica, aunque en esos casos los montos ofrecidos eran inferiores al total del perjuicio estimado.
Debido a que no se logró un entendimiento con los denunciantes en esas oportunidades, las negociaciones se dieron por finalizadas y la causa continuó avanzando con la formalización del proceso penal y la detención de los imputados.
El trabajo de investigación
Para llegar a esta etapa, el equipo fiscal llevó adelante un amplio análisis financiero y patrimonial. En ese proceso se examinaron informes provenientes de numerosas entidades crediticias con el objetivo de reconstruir los movimientos bancarios y determinar el recorrido del dinero.
También se realizaron 12 allanamientos y se efectuó un relevamiento detallado de distintos bienes que podrían utilizarse como garantía para responder ante los damnificados.
La investigación está a cargo del fiscal Guillermo Heredia junto al equipo de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, integrado por los ayudantes fiscales Gabriela Blanco y Mauricio Flores, además de las colaboradoras Julieta Luluaga y Johana Madeo.
Desde el MPF destacaron que, a 40 días de la primera denuncia, se desarrolló una intensa tarea investigativa orientada tanto al avance de la causa penal como a la búsqueda de una solución concreta para reparar el daño sufrido por las víctimas.
La resolución queda en manos de la jueza
Ahora la propuesta deberá ser evaluada por la jueza de Garantías Carolina Parra, quien analizará las condiciones del acuerdo y definirá si corresponde o no su homologación.
Si la Justicia aprueba el planteo, comenzará a aplicarse el plan de pagos previsto para devolver el dinero denunciado como perjuicio económico a las personas afectadas.